 25 de septiembre de 2011, 07:29Madrid, 25 sep (PL) Casi medio centenar de ciudades españolas serán escenario hoy de protestas pacíficas para exigir el cese de los desahucios por motivos económicos y defender el derecho a una vivienda digna.
Con el apoyo de movimientos sociales como el 15-M o de los Indignados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) convocó manifestaciones y concentraciones en unas 41 urbes para reclamar soluciones a la situación de las hipotecas en España.
Según datos de organizaciones sindicales, unas 500 mil familias se vieron empujadas a salir de sus viviendas en este país europeo desde 2007.
En Madrid, la PAH realizará una marcha para denunciar lo que considera una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y está dejando en la calle a miles de familias con una deuda de por vida.
Es hora de que la clase política decida a qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico, reza en un comunicado la plataforma.
El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos, remarca el texto para animar a todo el que quiera a sumarse a las concentraciones.
Agrupaciones como el Movimiento 15-M y Democracia Real Ya, que nacieron tras las multitudinarias manifestaciones del 15 de mayo último contra la clase política española, se adhirieron a las reivindicaciones de los afectados por las hipotecas.
Sólo en los tres primeros meses de 2011, 15 mil 491 familias fueron desalojadas de sus casas por impago de las hipotecas, de acuerdo con un informe del Consejo General del Poder Judicial difundido en junio pasado.
Desde 2007 hasta el primer trimestre de este año, las expulsiones se cuentan por más de 200 diarias en toda España, subrayó la PAH, tras señalar que con sus acciones ciudadanas consiguió parar 74 desahucios.
La plataforma presentó una Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago, para que la devolución de una casa salde la deuda con el banco, la cual está bloqueada en el parlamento y no será tramitada hasta después de las elecciones generales de noviembre próximo.
Asociaciones vecinales y de defensa del consumidor demandan la aprobación inmediata de una moratoria a las ejecuciones y embargos hipotecarios.
Reclaman también que las personas que entreguen su vivienda a cambio de liquidar la hipoteca puedan quedarse en ella pagando un llamado alquiler social por un período de cinco años.
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