Flexibilización y violencia en Panamá y Honduras

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 05/08/2010.- La política anti-obrera del presidente
Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la región. En este caso, se
trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar,
presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los
sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en
políticas neo-liberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando lo que
llama un "Plan Solidario de Empleo Anticrisis". Al igual que en Panamá
el "plan" ha desatado una protesta social generalizada.

El "Plan Solidario" consiste en flexibilizar el empleo creando puestos
de trabajo "por hora" o sólo por jornada de medio día. Según José Luis
Baquedano, "es un proyecto político que pretende impulsar una mayor
flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de
trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera
va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor
del salario versus el costo real de la canasta básica". Baquedano es el
presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
(CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la
Resistencia Popular (FNRP).

El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando
zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen
organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al
empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera
que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este
arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y
desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La
flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la
violencia criminal.

Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples
objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación
fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las
fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la
represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca
fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.

Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de
los empresarios maquiladores. Los "trabajos son transitorios, sin
beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra. De hecho
va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación
obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el
desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten
a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón".

En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad
de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar
trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones
inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la
importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de
los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal
de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son
de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran
por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de
la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil
trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).

Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista
uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer
crearía un sistema de trabajo "totalmente precarizado, no van a poder
organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación
laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas
organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte
del plan desestabilizador".

Los trabajadores hondureños están pidiendo que "se respete el Convenio
que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto
de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido
y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones
sindicales". Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el
presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según
Baquedano, también "vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan
Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de
forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y
Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.

Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen
que en Guatemala siguen "asesinando" a obreros y en "Panamá están
masacrando a los trabajadores". Según Baquedano, "los hondureños
necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical
centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento
social y criminalizar la protesta".

- Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e
investigador asociado del CELA