Sancionan a malversadores y ladrones de huevos

Publicado por Orestes Eugellés Mena

El diario Granma publica hoy detalles de un caso que involucró a 19 personas en el desvío de más de ocho millones de huevos liberados, cuya afectación económica ascendió a 8 907 562 pesos. Los sancionados pertenecían a la Unidad Empresarial de Base Acopio y Distribución de Huevos Habana y a la Empresa Provincial de Comercio en la capital. La Fiscalía solicitó para los acusados sanciones entre 8 y 20 años de privación de libertad, unido a la responsabilidad civil.

Por Yudy Castro Morales

Cuentan que el hedor a huevo de la merma acumulada era casi insoportable. Cuentan que el trasiego constante de cargas y la presencia de un grupo de empleados siempre al acecho denotaban manejos turbios, aunque nadie lo hubiese probado aún. Cuentan que el descontrol superlativo los fue carcomiendo hasta conducirlos irreme­dia­ble­men­te al descalabro.

Acusados por el desvío de más de ocho millones de huevos liberados, correspondientes a 389 facturas que no llegaron a su destino, fueron sancionados 19 ciudadanos, pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio y Distribución de Huevos Ha­bana y a la Empresa Provincial de Co­mercio en la capital.

Los hechos, constitutivos de delitos de malversación, apropiación indebida y falsificación de documentos bancarios y de comercio, conllevaron a una afectación económica ascendente a 8 907 562 pesos. En las conclusiones provisionales la Fis­calía solicitó para los involucrados sanciones entre 8 y 20 años de privación de libertad, unido a la responsabilidad civil.
Y si bien es cierto que las condenas, aunque severas, no resuelven por sí solas el problema, en ocasiones es preciso que los malhechores sientan todo el peso de la Ley, más allá de la vergüenza ante la familia y la sociedad, pues las afectaciones económicas no solo laceraron al Estado, sino al bolsillo de la población, que debió adquirir la mercancía a sobreprecio.

La Caja de Pandora

Cuando en marzo del 2012 la Empresa Pro­ductora y Co­mer­cia­li­zadora Avícola, subordinada a la Unión de Empresas del Com­binado Avícola Nacional (UECAN), asu­me oficialmente la UEB Acopio y Dis­tribución de Hue­vos Habana, qui­zá el fraude ya había hincado sus raíces en esta última.

Tanto es así que durante el propio proceso de entrega emergieron irregularidades significativas en el ba­lance económico-financiero, las cua­les provocaron la solicitud de una auditoría a la UECAN.

Según Armando Capó Gon­zá­lez, director general de la Em­presa Productora y Comer­cia­liza­dora Aví­cola, entre las deficiencias más notables figuraron los elevadísimos saldos de cuentas por cobrar vencidas, cuyos montos superaban los 50 millones de pesos.

Luego de dichos análisis, se de­termina la realización de reuniones semanales donde participarían el Grupo de Regulación y Control de la empresa, el de la UEB y sus gestores de ventas para evaluar en profundidad su estado financiero y comenzar la depuración de las cuentas.

Este fue un proceso extenso que abarcó varios meses, teniendo en cuenta los saldos millonarios, el número de clientes de la entidad analizada, ascendentes a 1 500 aproximadamente, y al alcance de su gestión en los 15 municipios de la capital.

Durante esa etapa de revisión, el director de la UEB solicita su li­beración por “enfermedad”, lo que apun­taba, sin dudas, a la existencia de algún entramado fraudulento. Pero no fue hasta mediados de octubre del 2012, con la llegada del jefe sustituto, que se destapa la “caja de Pandora”.

Cuentan que durante esa época existió una situación compleja con la producción de huevos en el país. Por ello la comercialización liberada era muy dirigida. No obstante, en el mu­nicipio de Marianao se había distribuido más mercancía de la planificada, según la información recibida por el nuevo directivo.

A partir de ahí comienza una in­vestigación en ese territorio, donde las conciliaciones realizadas con las unidades de Co­mer­cio y Gastro­no­mía contradicen las efectuadas por los gestores de la UEB, y aparece un grupo significativo de facturas no reconocidas por los lugares de destino, según explican funcionarios del Órgano de Regulación y Control de la Em­pre­sa Pro­ductora y Comer­cia­li­zadora Avícola.

Atendiendo a que dichos sucesos podían estar vinculados a un presunto delito, se formuló una de­nuncia al De­pa­r­tamento Terri­torial de Investigación Criminal y Ope­ra­ciones, ubicado en Playa, y fue solicitada una auditoría especial para la UEB.

La acción de control abarcó el periodo de enero a octubre del 2012, y dio seguimiento a la distribución de huevos liberados y a las operaciones de cobros y pagos con las unidades de Comercio y Gastronomía. En di­cha etapa, como ya se dijo, la afectación económica superó la cifra de los 8,9 millones de pesos.

De ese modo, salieron a la luz errores contables, in­cum­plimientos de las obligaciones por parte de directivos, especialistas y choferes, violaciones de las rutas establecidas para la comercialización de huevos, la falsificación de facturas; así como la existencia de toda una cadena delictiva, azuzada por el descontrol lacerante, la vulnerabilidad de los procedimientos y la pérdida total de principios éticos y morales.

Eslabones de una cadena

La UEB Acopio y Distribución de Huevos Ha­bana tiene como objeto social la comercialización de este producto en la capital mediante la ca­nasta básica y de forma liberada.

Durante el 2012, año en que su­ceden los hechos, funcionarios de la Empresa Pro­vin­cial de Comercio en La Habana, de común acuerdo con la dirección de la UEB, idearon un plan para incrementar de manera ilícita su patrimonio, de espaldas a los daños económicos y al costo social.

Al amparo de jefes inobservantes y/o corruptos, de mecanismos de control deficientes o ausentes, de miradas cómplices o tolerantes, concibieron los golpes, sin reparar en que cada uno tendría ineludiblemente un efecto boomerang.

Con ánimo de esclarecer lo ocurrido, los instructores penales del caso primer teniente Bárbara Ron­dón Vega y el capitán Pedro E. Cor­dero Riverón, pertenecientes a la División de Investigación Criminal y Operaciones, comentan, en síntesis, el modus operandi que predominó.

“Gilberto Díaz Mojena, comercial de la UEB, autorizaba la facturación de cantidades notables de huevos hacia diferentes entidades de Co­mercio, ubicadas en los municipios de La Ha­bana del Este, Cerro, Ma­rianao y La Lisa, fundamentalmente.

“Al culminar el mes le informaba a María Regla Pis Mar­tínez, subdirectora comercial de la Empresa Pro­vincial de Co­mercio, a cuánto as­cendían los volúmenes facturados y vendidos de manera ilícita. Entonces esta ciudadana alteraba el plan real previsto para las unidades ubicadas en esos territorios, en aras de hacerlo coincidir con los envíos realizados.
“Posteriormente Luis Roberto Bárzaga Sala­zar, director económico de la Unión de Em­presas de Co­mer­cio y Gastronomía, utilizando el presupuesto del Estado, realizaba pagos a la UEB, me­diante transferencias bancarias, sin precisar las facturas que habían sido amortizadas.

“Dicha distorsión contable le permitía a Mar­garita del Car­men Quintana Rodríguez, contadora prin­cipal de la UEB, co­brar las facturas envejecidas, sin haberlas conciliado”.

Pero las ramificaciones de este andamiaje de ilegalidades y los nexos que lo sostuvieron resultan aún más complejos e involucran a un total de 19 acusados, luego de concluida la investigación, estrictamente ajustada a la racionalidad. De lo contrario, otros eslabones podridos se habrían sumado a la cadena.

Los caminos del descontrol

Por sus responsabilidades como director económico de la Unión de Empresas de Co­mer­cio y Gas­tro­nomía, cargo que desempeñó desde el 1ro. de abril del 2011 hasta el 16 de diciembre del 2012, Luis Roberto Bárzaga dirigía y controlaba a las entidades subordinadas a la Unión en el ámbito económico y financiero.

Según el informe presentado por la Fis­calía, entre sus encomiendas figuraba, además, el pago de las ventas liberadas de huevos a la UEB de Acopio y Distribución.

Atendiendo a ello, “en varias oca­siones, de marzo a octubre del 2012, enmascaró la salida de cantidades exageradas hacia distintas unidades comerciales, ajustándolas por cuenta única de la Unión como faltantes, o pagándolas directamente al proveedor sin que estas fueran ex­pendidas en los establecimientos previstos”.

A su vez María Regla Pis, en correspondencia con sus compromisos como subdirectora comercial de la Empresa Pro­vincial de Co­mercio de La Habana (16 de enero del 2012-13 de julio del 2013), debía recepcionar y entregar los productos liberados para su posterior co­mercialización. De igual forma, orien­taba los planes de distribución hacia las distintas unidades comerciales de la capital.

Para garantizar los propósitos de Bárzaga Salazar, indica el documento, “ajustó en disímiles oportunidades la planificación de determinados establecimientos, enclavados, en su mayoría, en el Cerro, Ma­rianao, La Lisa y La Habana del Este, territorios donde se desarrollaba la comercialización ilícita.

“Sin tener facultades administrativas mo­dificó las entregas de un municipio a otro, ob­teniendo a cambio, de manos de Bárzaga Sa­la­zar, ganancias consistentes entre 5 000 y 6 000 pesos mensuales, resultado de la venta ilegal de huevos liberados”.

Mientras, los acusados Gilberto Díaz y Juan José Dantín, comerciales en la UEB, lue­go de recibir de María Regla Pis las cifras por cada unidad, estaban obligados a controlar las entregas acorde con las cantidades emitidas por la Empresa de Co­mercio. Asimismo eran de su competencia la autorización de las facturas y la conciliación entre los autorizos otorgados y los expendios efectuados.

La investigación reveló que para interconectar a toda esta cadena, Bárzaga Salazar utilizó al acusado Nguyen Cruz González, quien de­bía contactar a Díaz Mojena y Dan­tín Llo­rente, a fin de que estos se involucraran en el negocio ilegítimo concebido por él.

Degradados hasta la saciedad, estos personajes accedieron sin mu­­chos contratiempos. Ello dio lu­gar a la confección de autorizos de cargas fraudulentos y por consiguiente, a la elaboración de 389 facturas don­de se falsificaron los datos de las personas facultadas para recibir la mercancía, y hasta de los choferes que la transportaban.

En las declaraciones, los responsables de las supuestas entidades receptoras aseveraron no haber firmado tales facturas ni recibido el producto, demostrándose la falsedad de los nombres y números de carné de identidad empleados.

Pero más allá de estos “cabecillas”, existieron otros eslabones claves dentro de la cadena, como por ejemplo Joaquín Rivero Ra­mí­rez, ayudante-distribuidor de la UEB, quien indicaba a los comerciales hacia dónde autorizar la facturación.

Previamente Nguyen Cruz Gon­zález se encargaba de ubicar a los administradores que asimilarían el producto, y era responsable además de recoger el efectivo y repartirlo.

Tampoco puede obviarse la participación “decisiva” de la contadora principal de la UEB, Margarita del Carmen Quin­tana, quien admitió que “incumplió todos los principios básicos de la contabilidad y el control interno”.

Y como era de suponer, nunca supervisó los almacenes, ni las mermas, ni el destino final del producto, responsabilidades propias de su cargo.

En sus declaraciones también aseveró que “aprovechaba los pagos generales realizados tanto por la Unión de Empresas de Comercio como por la Dirección Provincial de Co­mer­cio, luego de la nueva estructura, para liquidar las cuentas envejecidas o no conciliadas, lo cual propició el descontrol contable, y con ello, el desvío de recursos”.

A modo de pago, dijo, “recibía dos cajas de huevos semanales”. Cada una contiene ocho cartones con 30 unidades, para un total de 480, “las que comercializaba ilegalmente”.

Respecto a los choferes, aclara la instructora Bárbara Rondón, se le de­creta responsabilidad directa a 34 por incumplir las rutas de distribución de huevos liberados y no respetar la veracidad de los datos consignados en las facturas. No obstante, solo 11 fueron atraídos al proceso, siendo los de ma­yor incidencia.

Dos ejemplos bastan para ilustrar la magnitud de los actos:

El chofer Valery Caballero Mo­reda, con la venta en el mercado ilegal de 1 209 600 huevos, contenidos en 53 facturas, provocó una afectación monetaria ascendente a 1 814 400 pe­sos. Entretanto el chofer Juan Eliecer Per­domo ocasionó un faltante de 839 700 pesos, debido a la distribución ilícita de 559 800 huevos, correspondientes a 29 facturas.

Otros robos

Además de los desvíos mediante las facturas falsas, lo cual constituía el núcleo del entramado fraudulento, emergieron otras maniobras que también le aportaban sumas considerables.

El chofer Agustín Adalberto Ba­ños, por ejemplo, se encargaba de sacar la merma de la semana para el comercial Dantín Llorente y el director Arnaldo Tapia, con el objetivo de venderla posteriormente en las uni­dades de comercio.

Según Dantín Llorente, el chofer en cuestión recibía los cartones de huevos a 30 pesos y los vendía a 35 o 40, y al finalizar las operaciones le entregaba el efectivo.

A la económica de la entidad, agregó, “le daba uno o dos cartones por semana, pues a ella le correspondía ajustar las cantidades para evitar faltantes”.

Y si aún fuera insuficiente, en su declaración afirma que “los niveles de huevos extraídos para él los sacaba del almacén, mediante un rejuego con la merma, ya que también adulteraba estos indicadores”.

Pero no solo él le sacaba una buena tajada a “los huevos rotos”. En opinión de los instructores del caso, este era otro modus operandi extendido: Cada tripulación, compuesta por un chofer y dos ayudantes distribuidores, declaraba mermas ficticias que luego eran vendidas a los administradores de diferentes centros comerciales.

Todo ello ocurría, por supuesto, sin que nadie del almacén de la UEB se preocupara por conocer el destino de los productos dañados, los cuales, de acuerdo con los procedimientos, debían ser recepcionados allí.

En otras oportunidades, existiendo la mer­ma, no la entregaban al Grupo Em­pre­sarial Porcino, como establece el contrato con esa entidad. Entonces la reportaban una y otra vez para apropiarse de las cantidades correspondientes a la reposición.

Y tal era el descontrol que un ayudante de la UEB, como Joaquín Rivero, podía darse el lujo de comprar las cajas de huevos que los ca­miones traían “de más”, provenientes de las gran­jas de acopio.

De acuerdo con el acusado, “le compraba diez o más cajas a los choferes por un valor de 30 pesos el cartón, y después los comercializaba en diferentes unidades de la ciudad, a 35 pesos”. De esta forma, además del “negocio gordo”, proliferaban otros modus y otros robos, cuyo perjuicio económico iba in crescendo.

Mecanismos vulnerables

Es casi una verdad de Perogrullo: en la UEB de Acopio y Distribución de Huevos Habana hacía tiempo que no funcionaba ningún mecanismo de control. Tampoco parece haber existido mucha exigencia desde el otro lado: Em­presa Provincial de Co­­mercio.

Los hechos evidenciaron, con to­tal claridad, que las imprescindibles conciliaciones entre las áreas de trabajo eran puro formalismo y que eran insuficientes y escasas, escasísimas, las acciones de supervisión en los de­partamentos de contabilidad y finanzas de las entidades involucradas.

En cuanto a la UEB, ningún de­par­ta­mento jugó su papel de contrapartida y respecto a las estructuras de Comercio, cabe preguntarse ¿có­mo un director económico pue­de disponer de los dineros de una entidad sin que su jefe perciba, durante casi un año, ninguna anomalía?

Por ello en cada etapa de la in­vestigación se hizo particular én­fasis en las brechas de los procedimientos y los mecanismos internos de supervisión, caldo de cultivo pa­ra la corrupción.

Según Gioiver Portuondo, en­cargado ac­tualmente de la comercialización en la UEB, “lo sucedido nos abrió los ojos y en estos mo­mentos se han modificado algunos métodos”.

Antes, compara, los autorizos de carga eran simples recortes de papel manuscritos, hoy existe un modelo donde se consigna la chapa del camión, municipio de destino, la unidad, cantidad de cajas, nombre del chofer…; antes cualquiera recibía el producto en la unidad, hoy disponemos de una ficha de clientes con los datos de las personas autorizadas; antes Co­mercio pagaba de una cuenta única, hoy las unidades básicas municipales realizan los pagos.

También para el Consejo de Di­rección de la Empresa Pro­ductora y Comercializadora Aví­cola, a la cual se subordina la UEB, lo su­cedido constituyó una escuela. Luego de la investigación, tocó a ambas entidades continuar la depuración y renovación de la fuerza.

Entre las medidas más significativas figuran el paso de la actividad de transporte a otra UEB especializada en ese campo. Ello fortaleció la gestión de la entidad, pues sus directivos ahora pueden concentrarse en el control del comercio y la distribución de huevos. No perdamos de vista que durante los hechos se adulteraban los sistemas de GPS, se violaban las rutas y el personal de transporte ja­más alertó o llamó la atención sobre los in­cumplimientos.

Pese a tales acciones, añaden funcionarios de la entidad, aún persisten dificultades, por lo cual mantienen un seguimiento constante de las cuentas por cobrar. Y periódicamente se hacen chequeos integrales en esa UEB.

Al menos por estos días el hedor a huevo es casi imperceptible. El trasiego de mercancías no parece al­bergar segundas intenciones. Pero a juzgar por la magnitud de los acontecimientos y por la naturaleza propia de las actividades que allí se desarrollan, nadie podría sentirse confiado.

(Tomado del diario Granma)