España anuncia nuevos recortes mientras espera el rescate

Publicado por Orestes Eugellés Mena

El gobierno español anunció este jueves unos presupuestos 2013 con 39.000 millones de euros de ajustes, esperando aflojar la presión de los mercados y demostrar a sus socios europeos su compromiso con la reducción del déficit en caso de decidirse a pedir un rescate.

“Son unos presupuestos de tiempo de crisis pero precisamente para salir de la crisis”, afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa al término del consejo de ministros.

En un país sumido en la recesión y con un desempleo de casi el 25%, sólo dos tercios del presupuesto está dedicado a gasto social.

Así, las únicas partidas presupuestarias que se ven aumentadas son las pensiones, con un incremento previsto de 1%, y las becas, además de los intereses de una deuda pública que no dejan de crecer bajo la presión de los mercados.

Comprometido con una reducción de su déficit público a 6,3% del PIB en 2012 y de 4,5% en 2013, el gobierno español sufre las consecuencias de una falta de confianza, tras el grave desvío presupuestario de 2011: un déficit del 8,9% en lugar del 6% prometido.

Para tranquilizar a los inversores, el plan de reformas aprobado este jueves incluye una “autoridad fiscal independiente, que lo que hará es avalar el estricto cumplimiento de la política presupuestaria”, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, precisando que se trataba de “una demanda europea”.

Entre las otras 42 medidas aprobadas figuran la continuación de la reforma laboral, la desincentivación de las jubilaciones anticipadas, un adelgazamiento de la administración pública y liberalizaciones en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

Desde Bruselas, la Comisión Europea se congratuló por el anuncio.

“El amplio plan de reformas presentado hoy por las autoridades españolas es un paso importante en la ampliación y profundización de las reformas estructurales y se suma a los importantes avances realizados hasta el momento”, afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, en un comunicado.

Los nuevos presupuestos prevén una reducción media de 8,9% en el gasto de los ministerios que incluirá la congelación, por tercer año consecutivo, del sueldo de los funcionarios y el no reemplazo de los trabajadores públicos que se jubilen.

En la partida de ingresos, se incluye la subida del IVA y de otros tributos, con los que Madrid prevé recaudar 15.000 millones de euros. Otros 7.000 millones deben llegar de recortes en las Comunidades Autónomas, que gestionan los presupuestos de sanidad y educación.

“Es la forma más corte de salir de esta crisis, de evitar las dudas sobre España y sobre la solvencia de la deuda pública de España”, afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Para Holger Schmieding, analista del banco Berenberg, “España espera con este presupuesto hacer lo suficiente para cualificarse para una ayuda” europea sin nuevas condiciones, con la intención de “presentar todo esto como decisiones españolas y no condiciones impuestas a España desde el exterior”.

Tras negarse durante meses a hablar de un rescate, Rajoy aseguró el miércoles al Wall Street Journal que si el coste de financiación de España en los mercados se mantuviese “demasiado alto durante demasiado tiempo (…) puedo asegurarle al 100% que pediría ese rescate” global.

Ante las vacilaciones de Madrid a acogerse a ese balón de oxígeno, los mercados volvieron a presionar a España y el interés del bono español a diez años volvió a superar la barrera simbólica del 6%.

Los mercados están también preocupados por la fragilidad financiera de las regiones españolas, la quinta de las cuales, Castilla-La Mancha, se acogió este jueves al fondo de liquidez creado por Madrid, con una petición de ayuda de 848 millones de euros.

Anteriormente, Cataluña, Valencia, Andalucía y Murcia ya habían solicitado un total de 15.000 millones de euros a un fondo dotado de 18.000.

Los inversores esperan también la publicación el viernes de las auditorías independientes que deben determinar qué parte de los 100.000 millones de euros prometidos por la Eurozona necesitará España para salvar a un sector bancario muy debilitado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria española en 2008.

(Con información de AFP)