La UE restringe suministro de fármacos para ejecuciones en EEUU
Publicadopor Orestes Eugellés Mena
La Unión Europea fortaleció el martes los controles a las exportaciones de fármacos que pueden ser usados para administrar la pena de muerte, agravando aún más una escasez de suministro que ha demorado las ejecuciones en Estados Unidos.
La medida significa que las firmas europeas que producen fármacos como tiopental sódico, un sedante legal usado en las inyecciones letales en Estados Unidos, deberán otorgar garantías de que sus productos no serán aplicados en ejecuciones si desean exportarlos.
"A partir de hoy, el comercio de ciertos anestésicos, como tiopental sódico, que puede ser usado en inyecciones letales, a países que aún no han abolido la pena de muerte, será estrictamente controlado", indicó un comunicado de la Comisión Europea.
La pena de muerte está prohibida en la Unión Europea y desde el 2008 el bloque de 27 miembros viene reclamando su abolición en todo el mundo.
Un funcionario de la UE dijo que firmas en Gran Bretaña, Italia, Alemania, Austria y Dinamarca son las principales fabricantes de tiopental sódico, que ha estado en falta en Estados Unidos dado que la única compañía que lo hacía en el país dejó de producirlo este año.
El fármaco es el primero en una secuencia de tres inyecciones legales administradas para paralizar la respiración y el corazón. En todas las ejecuciones en Estados Unidos también se necesita un sedante.
El único fabricante del fármaco en Estados Unidos, Hospira Inc, dijo en enero que ya no fabricaría más el producto en el país dado que no quería que fuera usado en ejecuciones, lo que forzó a los estados donde aún rige la pena de muerte a buscar otros proveedores.
Hospira informó que planeaba trasladar la producción a su planta en Liscate, Italia, pero el Parlamento de ese país sólo permitirá la fabricación del fármaco si la compañía garantiza que no será usado en la pena capital.
Gran Bretaña impuso una restricción de exportaciones de emergencia contra el tiopental sódico luego de que el grupo defensor de los derechos humanos Reprieve, basado en Londres, demandó al Gobierno el año pasado para suspender el suministro del fármaco para usar en ejecuciones.
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