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Sindicalísimo

Declaración de la Federación Sindica Mundial ante la creación de la CELAC

Publicado por Orestes Eugellés Mena

La Federación Sindical Mundial (FSM) en Las Américas aprobó una declaración en la que respalda la creación en diciembre próximo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

En el documento, la FSM señala que la integración política, económica, social y cultural de la región, constituye un factor necesario para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos, privilegiando lo público sobre lo privado, donde el Estado asuma su responsabilidad instrumentando políticas económicas y sociales anti neoliberales y solidarias que fomenten la cooperación tal como se viene desarrollando en el marco del ALBA.

Sobre esa base, la organización sindical clasista internacional argumenta prioridades que se deben tomar en cuenta por la importancia y trascendencia de la constitución de la CELAC, que publicamos textilmente:

El Estado tiene que asumir un papel rector y nosotros, como trabajadores y ciudadanos, tenemos que reclamar la acción del Estado y democratizar la toma de decisiones sobre políticas económicas.

Se requiere fortalecer el movimiento sindical clasista que propicie la unidad de todos los trabajadores con sus pueblos, a favor de la movilización y la construcción de propuestas que salgan del marco eminentemente reivindicativo económico gremialista, al generar programas y propuestas de alternativas donde estén reflejadas las aspiraciones de toda la población.

Es insoslayable la oposición a los intentos de criminalizar al movimiento sindical por sus posiciones en defensa de las riquezas nacionales, de las transformaciones sociales que respeten y promuevan verdaderos derechos humanos, la justicia social y ambiental, que fomenten el pleno empleo decoroso, medios de vida sustentables, servicios básicos de salud, educación, vivienda entre otros.

Asimismo, es ineludible la oposición a la violencia por parte del crimen organizado, pero también de las fuerzas armadas del Estado contra la población.

Necesario superar las causas que limitan un mayor grado de participación de los trabajadores en los procesos integracionistas, aun en la diversidad de nuestras posiciones y afiliaciones y bajo la premisa fundamental de la unidad, puntos comunes que permitan actuar de manera conjunta y articulada.

Insistir en que cada país debe adoptar sus propias decisiones en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos.

El rechazo intransigentemente a la existencia de bases militares requiere de la CELAC firmeza junto con la oposición a la extorsión de países ricos que están condicionando la ayuda económica a la adquisición de su equipamiento militar. El dinero que se destina a armamentos debe destinarse a cubrir la solución de los servicios y la protección social que necesitan los pueblos y los trabajadores.

La integración de nuestros países debe coadyuvar al compromiso de construir un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados y la solución pacifica de los conflictos, favoreciendo la justicia, la paz, el desarrollo y el entendimiento entre todos los pueblos.

La CELAC necesita alejarse de los acuerdos de Bretton Woods creando más que una unidad de cuenta común, un sistema monetario, comercial y financiero regional que incorpore una cámara de compensación de pagos con un fondo financiero para el desarrollo de modalidades como la del Banco del Sur.

Hay que rechazar y enfrentar por nuestros gobiernos partes de la CELAC, los mecanismos del FMI y otras instituciones financieras internacionales que imponen programas que van en contra de los intereses y derechos de los trabajadores, mediante políticas de austeridad, privatización y saqueo de las riquezas que pertenecen a los pueblos.

Condenamos la implementación de Tratados de Libre Comercio y formas de Asociación Económica con los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y también con países la Unión Europea que han destruido empleos y que han subordinado las economías nacionales a las incertidumbres y desequilibrios de los mercados internacionales.

En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños hay que incidir para llegar a producir cambios estructurales fundamentales para transformar al sistema mundial económico y financiero propiciando con ello que otras crisis como la que hoy nos afecta, no ocurran más.

La deuda externa debe ser cancelada, ya ha sido pagada muchas veces.

Aspiramos a que la CELAC fomente políticas coordinadas de inversión, de innovación tecnológica, de uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, de medidas fiscales y tributarias, comerciales, migratorias, educativas, de salud, de seguridad y previsión social, orientadas a la creación y estabilización del empleo, y la protección de los desocupados.

Es preciso, en la Comunidad que se funda, orientar las políticas económicas nacionales hacia inversiones productivas en función de los intereses nacionales, exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a los tribunales nacionales en los casos de violaciones.

Los Estados deben asumir su responsabilidad en las condiciones que pacten sobre inversiones extranjeras de manera que garanticen la reinversión de utilidades en el desarrollo de la economía nacional. Las organizaciones sindicales deberían tener una participación más activa en las políticas de inversiones de los gobiernos.

Aspiramos a que los Gobiernos que integran la CELAC enfrenten el problema de la nutrición oponiéndose a las compañías multinacionales de alimentos, que maniobrando con los gobiernos, actúan en detrimento de los agricultores pobres, de los trabajadores y de sus familias.

Se precisa auspiciar por la CELAC la inclusión económica y social de los trabajadores del campo y la ciudad en el desarrollo nacional mediante el impulso del mercado interno a partir de: devolverle al sector agropecuario su importancia estratégica como generador de alimentos, insumos para la industria y empleos y fomentar una política salarial que aumente significativamente las remuneraciones del conjunto de los trabajadores y a partir de ahí se incentive el impulso del consumo de los bienes y servicios salario y se incentive la inversión y el empleo.

Reclamamos que la CELAC auspicie una educación libre y pública que forje la personalidad basada en la cultura en el sentido más amplio de la palabra, con valores como la identidad, solidaridad, reciprocidad, y que el conocimiento científico, se desarrolle según las necesidades laborales y populares.

Demandamos en cada país un sistema de salud pública de calidad y libre, que cubra totalmente las necesidades de las personas.

La CELAC debe imponerse desde sus inicios, avanzar en la construcción de alternativas en materia de soberanía alimentaria, energética y financiera, en la defensa del medio ambiente y contra el efecto del cambio climático, la demanda por contar con una región donde prime la paz y no la militarización y el terrorismo de Estado y donde la atención y búsquedas de soluciones a los graves problemas sociales que aún nos aquejan, sean la base de nuestros empeños.

Los Gobiernos que integran la CELAC deben garantizar:

El derecho a la organización sindical libre y democrática enfrentando a los violadores de las normas contenidas en el Convenio 87 de la OIT.

La tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su empleo o a sus condiciones laborales.
Prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa. Garantía de una Justicia Laboral, especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento ágil y transparente, que asuma el principio y la función protectora de los derechos de los trabajadores.

Establecimiento de sistemas de inspección del trabajo que fiscalicen y garanticen el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Derecho a la negociación colectiva basada en el Convenio 98 de la OIT tanto a instancia nacional como transnacional. Jornada de trabajo limitada reduciéndola sin afectación salarial.

Adopción de medidas para aplicar el PACTO MUNDIAL para el empleo, adoptado por el voto mayoritario de la comunidad internacional en la 98a. Conferencia Internacional del Trabajo en 2009 pues el mismo contiene opciones de políticas que pueden contribuir, en el contexto de las necesidades y realidades de nuestra América, a mitigar los efectos de la crisis. Destaca la necesidad de construir un marco regulador del sector financiero que sea adecuado para servir a la economía real, al tiempo que proteja los ahorros y las tensiones de las personas. Igualmente propone la promoción del comercio y evitar el proteccionismo.

Además el Pacto propone priorizar la inversión en infraestructura pública con mayor intensidad en empleo, generar programas especiales de empleo, así como el aumento de la protección social para evitar un crecimiento de la pobreza; también destaca la protección de los salarios, de forma de mantener el consumo interno. Son pasos reales para enfrentar la crisis y trabajar por el pleno empleo de calidad.

Acceso a una retribución digna, que cubra las necesidades del trabajador y de su familia, tomando como base los beneficios obtenidos por el empleador. Abolición del trabajo infantil. Implementar programas específicos para mujeres y jóvenes y promover la igualdad de oportunidades y de trato. Seguridad social bajo la responsabilidad del Estado. Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa.

Derecho a la verdad, y de información y consulta en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores. Acceso a la formación y capacitación profesional. Garantía de protección de la salud y la vida del trabajador frente a los riesgos del trabajo. Protección real y efectiva de los trabajadores del servicio doméstico y los agrícolas. Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen.

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