Es decir, más de medio millón de familias perdieron su hogar como consecuencia de la crisis económica que les impidió pagar sus hipotecas.
La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten unas garantías de protección del derecho a la vivienda.
Entre las principales peticiones de Amnistía está la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desahucio.
"Es necesario proteger el derecho a la vivienda estableciendo también un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen", aseguró Beltrán.
"Hemos entregado estas propuestas a los organismos oficiales y solicitado entrevistas y reuniones. Hasta el momento se lo hemos hecho llegar, entre otros, a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y a los Ministerios de Economía y Fomento", señala el director de Amnistía Internacional España en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta oficial, aunque esperan recibirlo.
"Esperamos que los nuevos ayuntamientos puedan empezar a cumplir sus dos responsabilidades. Garantizar la mediación y que exista alojamiento para las personas que sufran un desalojo", afirmó Beltrán a esta agencia, asegurando que las candidaturas ciudadanas que gobiernan en ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Cádiz ya han dado "algún paso", aunque los cambios más importantes dependen de las administraciones centrales.
Amnistía considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son "insuficientes" y no han protegido la vivienda "como un derecho humano".
"Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida e invisible para las autoridades como esta", denunció Beltrán.
Con esta situación en España, el Gobierno está "incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda", denunció el director de la organización.
"Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", alertó Beltrán.
Ainhoa Lafuente y Maritza Saavedra fueron dos madres de familia que sufrieron un desahucio y dieron hoy su testimonio.
"Las autoridades me han ignorado. En poco tiempo nos hemos quedado sin trabajo y más tarde sin casa. Nos vimos en la calle con dos hijos. Ahora estamos en una casa cedida por una vecina que nos está ayudando", aseguró Saavedra, que llegó hace años desde Ecuador para residir en España.
Ainhoa tiene una hija de tres años y es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
"Estamos cansados de vivir de la caridad, quiero trabajar y poder darle a mi hija una educación, un techo, un trozo de pan", aseguró con fuerza la activista, que fue desalojada de su casa y actualmente vive con sus padres.
"Ojalá mi caso fuese la excepción, pero no lo es, y las autoridades no quieren verlo", concluyó Lafuente.
