BOGOTÁ.—Representantes del Gobierno colombiano y promotores del paro agrario reanudaron ayer las conversaciones en Santander de Quilichao tras casi dos semanas de protesta y varias sesiones de diálogo, con la expectativa de alcanzar un pacto satisfactorio.
La meta inmediata es conseguir acuerdos que permitan levantar la huelga iniciada desde el pasado 30 de mayo, adelantaron a Prensa Latina coordinadores de la movilización.
Unos 70 000 labriegos, miembros de grupos indígenas y afrodescendientes participan en la Minga Agraria, Étnica y Popular, nombre con el que identifican las marchas y plantones, para reclamar al Gobierno que honre compromisos realizados al término de anteriores manifestaciones de similares fines.
Los demandantes piden que el Ejecutivo cumpla con el fomento de proyectos productivos mediante un fondo de financiamiento acordado previamente, revisión de los Tratados de Libre Comercio, a los que responsabilizan con la quiebra de pequeños productores, y suspensión de programas mineros en sitios claves desde el punto de vista ambiental y en otros donde ponen en riesgo la supervivencia de las comunidades.
Además exigen respeto por la identidad y los criterios de los pueblos asentados en los escenarios campestres, junto a la derogación de la ley Zidres, por considerar que persigue despojar de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos.
Más que subsidios, lo que están poniendo sobre la mesa es todo un replanteamiento de la vida rural del país, que abarca desde el ordenamiento territorial hasta la minería, pasando por los cultivos ilícitos, opinan analistas.
Cumbre Agraria, una de las impulsoras de la Minga, aboga por una política de reforma integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, genere acceso seguro a la misma para quienes carezcan de ella y desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad. (PL)
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